Hacia una Agenda PYME

Diez puntos para una Agenda Mipyme

1. Papel activo del Estado. Continuidad y profundización del papel activo del Estado en un marco democrático, solidario y participativo, que persiga el claro objetivo de una real independencia nacional con soberanía económica. Convocatoria al Consejo Económico y Social con participación representativa Mipyme.

2. Acceso al crédito para el conjunto de las Pymes. Un sistema financiero a la altura de las necesidades productivas. Para ello a) deben adoptarse medidas que aseguren el acceso del conjunto de las Pymes al financiamiento, con tasas subsidiadas y con clara orientación hacia el crédito productivo, aplicando las normas establecidas por la Carta Orgánica sancionada por la Ley 24.144, en el año 2012. b) Debe modificarse la reglamentación de la Factura de Crédito, de manera de darle utilidad a éste instrumento, hoy inexistente, de manera que se permita acceder al descuento de las mismas a tasas razonables. Solicitar que permita aval de SGR. c) impulsar la Ley de Servicios Financieros que derogue la actual Ley de entidades financieras sancionada por la dictadura cívico militar, que facilita actitudes especulativas en desmedro de la atención de las necesidades de entramado productivo.

3. Reforma tributaria progresiva. Es fundamental configurar un sistema que permita una más equitativa distribución del ingreso. Sobre la llamada “presión tributaria” hay que redireccionarla, de modo de no desfinanciar al Estado. Deben aportar en mayor proporción los actores económicos y sociales que tienen más capacidad contributiva. Asimismo debe segmentarse el tratamiento tributario aplicado a las Mipymes, Monotributistas y autónomos, así como al sector de la economía social (cooperativas, empresas recuperadas, mutuales, etcétera).

4. Adecuada segmentación Mipyme. Revisión de la actual categorización de las Micro, pequeñas y medianas empresas sancionada el 5 de diciembre de 2019 por el anterior gobierno. Sobre esta base, segmentar eficazmente las medidas de apoyo que se generan en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo para que lleguen de modo efectivo a quienes más las necesitan. Refuerzo del accionar de la Secretaría Pyme con programas para el sector y atención a las economías regionales. 3

5. Fomento del mercado interno. Redoblar políticas que impulsen la demanda local y el sostenimiento del poder adquisitivo del salario. Refuerzo y control permanente de la aplicación de medidas de Precios Máximos y Precios Cuidados.

6. Impulso al Compre Nacional, Compre Pyme y Cooperativo. Promover la inclusión de las Pymes en las compras públicas. Establecer mecanismos para impulsar y facilitar la vinculación de las Pymes con las compras estatales en sus tres niveles, nacional, provincial y local.

7. Favorecer la competitividad Pyme. Para actuar sobre la competitividad del sector Pyme es precisa una regulación efectiva en la formación de precios, actuando sobre las cadenas de valor, así como la aplicación de las legislaciones antimonopólicas y oligopólicas y de defensa del consumidor. Regulación de la actividad de las grandes superficies comerciales (efectiva aplicación de la Ley de Góndolas).

8. Plan industrial sustitutivo. Debe impulsarse una sustitución selectiva de importaciones, investigación, innovación y transferencia tecnológica. Canalizar las necesidades de las Pymes para favorecer su potencial en conjunto con las universidades nacionales e institutos como el INTA y el INTI.

9. Defensa de los recursos estratégicos de la Nación. Preservación y manejo soberano de los recursos estratégicos. Atención de la problemática energética. Es fundamental encarar una urgente revisión de los abusivos cuadros tarifarios establecidos tras las privatizaciones y llevados a niveles de inviabilidad productiva y social por la administración de Cambiemos. Para hacer más eficiente el sistema, es necesaria la división de consumo entre usuarios residenciales e industriales. Impulsar el papel de las cooperativas. Avanzar en la gestión tripartita de los servicios públicos.

10. Comercio exterior con valor agregado e integración regional. Protección de la producción local y las economías regionales e incorporación de las Pymes al comercio exterior privilegiando la agregación de valor a las exportaciones. Sancionar una reforma de los derechos de exportación que tributan los exportadores Pymes, asegurándoles el recupero del IVA y los reembolsos -de corresponder- en un plazo no mayor a 60 días de concretada la exportación. Estas y otras medidas que se consideren adecuadas deben encaminarse en el marco del afianzamiento de los procesos de integración regional y reafirmación de la soberanía nacional.