La dirigencia de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios se reunió este lunes 28 de diciembre para realizar un balance del año que termina y trazar la hoja de ruta de cara a los desafíos que se avecinan para 2021.
Un repaso de los posicionamientos de la entidad durante 2020 da una clara idea de las líneas de acción de APYME en el contexto de una severa crisis económica y social, causada en primer lugar por el estallido del modelo de desregulación, apertura y liberalización financiera, con la consecuencia de una severa recesión que se llevó decena de miles de empresas y empleos, y luego, por la irrupción de la pandemia global.
Es preciso remontarse a fines de 2019, cuando asumió el actual gobierno, para apreciar la profundidad de lo ocurrido. En ese momento, APYME declaraba su coincidencia con el diagnóstico del nuevo Presidente, cuando en su discurso de asunción afirmó que “la extrema fragilidad de la economía y del tejido social” era producto de una “aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas”.
La entidad apoyó lo que debía ser el inicio de un proceso de reconstrucción industrial y del mercado interno, así como de una redistribución más equitativa de la riqueza. Estos propósitos se plasmaron la sanción de la Emergencia Económica y en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
El conjunto de las Pymes recibió con alivio la puesta en marcha de la muy esperada moratoria fiscal para el sector. La baja de las tasas en el sistema financiero fue una señal positiva para los sectores productivos y el consumo. Se frenaron los desmesurados aumentos tarifarios de servicios públicos, dejando en claro que el esquema debía ponerse en revisión. Estas medidas se fueron intercalando con otras que ponían en relieve una apuesta clara a la reactivación de la demanda y la reconstrucción del entramado productivo nacional.
La importancia del Estado activo
Este proceso se interrumpió ante la necesidad perentoria de enfrentar la pandemia. El Gobierno actuó con rapidez declarando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, al tiempo que se dispuso a reconstruir el sistema de salud, que ni siquiera contaba con un Ministerio.
Como ocurrió en todo el mundo, el impacto de la paralización de sectores enteros de la economía no tardó en hacerse sentir, en particular para los sectores más agredidos en el periodo anterior, como las Pymes, los trabajadores, los pequeños productores y cooperativas.
Desde APYME, junto con otras entidades representativas del sector, se propusieron y ponderaron medidas activas del Estado para paliar esta situación, con fuerte acento en resguardo del empleo y de las fuentes de trabajo. Pueden enumerarse el IFE, la tarjeta alimentaria, el programa ATP, el Repro, los créditos subsidiados, el impulso al crédito productivo y al consumo, favorecido por la reedición de programas como Ahora 12 y 18, Precios Cuidados, el congelamiento de tarifas y alquileres, la reactivación de la construcción, la implementación del Procrear y la obra pública, el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico nacional, entre otras.
En la emergencia, los sectores de las Pymes señalaron la falta de sensibilidad y colaboración de la banca privada, así como la actitud especulativa de de grandes exportadores y empresas concentradas, que no dudaron en anteponer sus intereses ante los de la sociedad en plena pandemia.
En relación con los lineamientos de la política económica, APYME apoyó activamente la renegociación soberana de la deuda en dólares -irresponsablemente contraída por la anterior administración-, la sanción de un Presupuesto Nacional con un fuerte componente productivo, social y Pyme, la política de controles y regulaciones cambiarias, que logró contener las fuertes presiones devaluatorias, y la regulación de las telecomunicaciones.
Se consideraron importantes avances la Ley de aporte solidario de las grandes fortunas por única vez para morigerar los efectos de la pandemia, las modificaciones a la recientemente reglamentada la Ley e de impulso a la Economía del Conocimiento, que puso en práctica una segmentación favorable a las Pymes, y la Ley de Góndolas.
Todas estas normativas, medidas y resoluciones marcan un rumbo productivo y social que debe sostenerse ante el próximo año electoral atendiendo prioritariamente las necesidades trabajo y la producción nacional y resistiendo las continuas presiones del establishment, en particular los grandes exportadores agropecuarios y las empresas formadoras de precios, que continúan poniendo en riesgo la recuperación con actitudes insolidarias y especulativas.
Desafíos 2021
Las políticas públicas expansivas, que en apoyo directo significaron un desembolso de $ 867.200 millones hasta la fecha, permitieron afrontar la pandemia y amortiguar el daño económico y social causado por la emergencia, así como restablecer los niveles previos de utilización de la capacidad instalada en muchos sectores industriales y de la construcción.
Sin embargo, es notorio que el equilibrio macroeconómico es precario mientras perdure el condicionante de los factores externos, con una fuerte dependencia de los movimientos del dólar. Si bien mes a mes se nota la tendencia a la recuperación, los efectos económicos y sociales de la emergencia están lejos aún de revertirse. Así lo indican caída anual de la actividad este año en torno de un 12 %, los dramáticos datos de desocupación, pobreza e indigencia y el cierre de miles de locales comerciales.
Para aspirar a una salida de carácter productivo y social, APYME continuará impulsando el papel activo de un Estado presente, mediante el financiamiento con recursos genuinos en moneda local, dejando de lado definitivamente las políticas de acceso indiscriminado al financiamiento internacional del periodo neoliberal, que finalmente se destinaron financiar la fuga de capitales. Será crucial el debate y la concientización sobre el fuerte freno que el bimonetarismo significa para el avance y la profundización de las políticas productivas nacionales.
También se continuará trabajando, junto con los organismos correspondientes en la recuperación industrial y del empleo, que actualmente resulta un proceso heterogéneo según los sectores más o menos afectados por la pandemia.
Será muy importante redoblar los esfuerzos para dotar de mayor competitividad a las Pymes y al mismo tiempo efectivizar mecanismos de control hacia los grandes formadores de precios y su incidencia en las cadenas de valor, principales responsables de las presiones inflacionarias. En este sentido también será decisivo continuar sosteniendo las políticas de regulación de los mercados cambiarios, al tiempo que se estimula el ahorro mediante instrumentos en pesos.
La dirigencia de APYME señala dos puntos cruciales para el sector en el marco de la recuperación: la defensa irrestricta del mercado interno, principal sustento de las Pymes, y una adecuada caracterización del sujeto Pyme, lo que permitirá segmentar adecuadamente las políticas de apoyo para que realmente alcancen al sector que más empleo genera.
A fin de que estos propósitos sean viables, es preciso avanzar en un Pacto Social en el que participen todos los actores del trabajo y la producción a fin de armonizar intereses en un contexto más favorable de crecimiento de las ventas y de la facturación (no de los márgenes, como pretenden habitualmente las grandes empresas) y una esperable recuperación de los ingresos y el salario real.
Asimismo será importante encarar y ahondar cuestiones de fondo como una reforma tributaria progresiva, una nueva ley de entidades financieras, el afianzamiento de la investigación y la innovación tecnológicas, la efectiva administración del comercio exterior con protección de la industria local, el impulso del Compre Pyme y el fomento de las exportaciones con alto valor agregado, la integración regional y la inserción soberana en los mercados internacionales.
También se promoverá un sustantivo crecimiento de la participación de las mujeres todos los ámbitos, en particular de la actividad y la dirigencia empresaria.
Sobre estas bases y objetivos la dirigencia de APYME continuará bregando desde todas las Delegaciones por la consolidación de la unidad de la representación empresaria nacional, la ampliación de derechos, el desarrollo inclusivo y la construcción de un país más justo y solidario con trabajo, salud, educación y bienestar para todos sus habitantes.
Buenos Aires, 29 de enero de 2021
Comisión Directiva Nacional